Cuando entramos a analizar la política educativa española, hay que considerar 4 referentes:
Por un lado, los objetivos propuestos por la comunidad europea en EUROPA 2020. A pesar del plan que se propuso en el 2010 sobre el sistema educativo, con la intención de mejorar la calidad y los resultados de la enseñanza en España para el 2020, las cifras muestran como estos objetivos no han sido logrados, exceptuando el aumento de especializados en el ámbito científico. Mientras que otros países han mejorado y han conseguido estos objetivos en mayor o menor medida, España presenta una tasa mayor en el abandono escolar, menos graduados en estudios de Secundaria, peores resultados en comprensión lectora.
Por otro lado, el Consejo de Ministros. Se plantearon 12 objetivos que el sistema educativo español debería cumplir, entre los cuales estaba una educación integradora, abierta al marco europeo y de los idiomas, la educación en valores, o el reconocimiento de los profesores. Se consiguió implementar varios programas educativos que han ayudado al avance y a la integración que se pretendía, como programas de apoyo para alumnos que lo necesiten, o la mejora de la Formación Profesional con el fin de conseguir mejores resultados.
En tercer lugar, dos leyes preconstitucionales que supusieron la organización del sistema educativo español. Para empezar la Ley Moyano, consiguió que todos los niños fueran escolarizados obligatoriamente de los 3 a los 9 años, educación secundaria y educación superior. Consiguió eliminar el analfabetismo presente durante esa época. En segundo lugar, la Ley General de Educación de 1970, reguló este sistema educativo con la EGB, el Bachillerato y la introducción de las lenguas cooficiales.
Por último, las siete leyes educativas de la democracia. Estas leyes han ido cambiando dependiendo el partido político que preside en cada momento en España. Estas leyes han intentado ser una mejora de la anterior, intentando conseguir estos propósitos comentados en esta entrada.
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